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Según la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, para celebrar contratos con el sector público, los empresarios deben acreditar estar en posesión de las condiciones mínimas de solvencia económica y financiera y profesional o técnica que se determinen por el órgano de contratación. En relación con dichas condiciones de solvencia, indique cuál de las siguientes opciones es INCORRECTA

a) El requisito de solvencia será sustituido por el de la clasificación, cuando ésta sea exigible conforme a lo dispuesto en la Ley.

b) Se podrá exigir a los candidatos o licitadores, haciéndolo constar en los pliegos, que además de acreditar su solvencia o, en su caso, clasificación, se comprometan a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los medios personales o materiales suficientes para ello.

c) La integración de la solvencia con medios externos, requerirá la acreditación de la plena disponibilidad de los mismos, formalizada necesariamente mediante escritura pública.

d) Los requisitos mínimos de solvencia deberán estar vinculados al objeto del contrato y ser proporcionales al mismo.

Según el artículo 106 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, la exigencia de garantía provisional en los contratos es exigible:

a) Cuando de forma excepcional el órgano de contratación, por motivos de interés público, lo considere necesario y lo justifique motivadamente en el expediente.

b) Siempre.

c) Cuando de forma excepcional el órgano de contratación, por motivos de interés público, lo considere necesario sin necesidad de justificación alguna.

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

Según el artículo 16 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, los contratos de adquisición de programas de ordenador hechos a medida tendrán la consideración de:

a) Contrato de gestión de servicios.

b) Contrato de servicios.

c) Contrato de suministro.

d) Contrato de consultoría y asistencia.

¿Cuál de estos contratos NO está regulado por la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público:

a) El contrato de colaboración público-privada.

b) El contrato de concesión de obra pública.

c) El contrato de servicio.

d) El contrato de suministro.

Según el artículo 102 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, en el precio del contrato:

a) Se entenderá incluido el importe a abonar en concepto de Impuesto sobre el Valor Añadido, que en todo caso se indicará como partida independiente.

b) se entenderá incluido el importe a abonar en concepto de Impuesto sobre el Valor Añadido y el Impuesto de Sociedades, que en todo caso se indicará como partida independiente.

c) No se entenderá incluido en ningún caso el importe a abonar en concepto de Impuesto sobre el Valor Añadido.

d) Se entenderá incluido el importe a abonar en concepto de Impuesto de Sociedades, que en todo caso se indicará como partida independiente.

Según lo regulado en el artículo 214 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, los adjudicatarios podrán ceder los derechos y obligaciones que dimanan del contrato a terceros cumpliendo los siguientes requisitos

a) Basta con la autorización de forma previa y expresa del órgano de contratación y su formalización en escritura pública.

b) Es necesario solamente que el órgano de contratación lo autorice y que el cesionario tenga capacidad para contratar con la Administración y la solvencia que resulte exigible, debiendo estar clasificado si tal requisito ha sido exigido al cedente, y no estar incurso en prohibición de contratar.

c) Que el cedente tenga ejecutado al menos un 30 por ciento del importe del contrato.

d) Todas las opciones son incorrectas.

Según el artículo 107 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, ¿a quiénes se les exige garantía definitiva en los contratos celebrados con las Administraciones Públicas?:

a) A los licitadores, que en las licitaciones de los contratos que celebren las Administraciones Públicas, deberán constituir a disposición del órgano de contratación, una garantía del 5 por 100 del precio final ofertado, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido.

b) A los licitadores, que en las licitaciones de los contratos que celebren las Administraciones Públicas, deberán constituir a disposición del órgano de contratación, una garantía del 5 por 100 del precio final ofertado, incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido.

c) A los licitadores, que en las licitaciones de los contratos que celebren las Administraciones Públicas, deberán constituir a disposición del órgano de contratación, una garantía del 3 por 100 del precio final ofertado, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido.

d) A los licitadores, que en las licitaciones de los contratos que celebren las Administraciones Públicas, deberán constituir a disposición del órgano de contratación, una garantía del 3 por 100 del precio final ofertado, incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido.

Según el artículo 62 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, al denominado “Responsable del contrato” le corresponde:

a) Asegurar la transparencia y el acceso público a la información relativa a la actividad contractual.

b) Supervisar la ejecución del contrato y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la prestación pactada.

c) Delegar y desconcentrar la actividad contractual en órganos administrativos cuando se trate de órganos societarios de una fundación.

d) Aprobar modelos de pliegos particulares para determinadas categorías de contratos de naturaleza análoga.

Según lo regulado en el artículo 119 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, podrán ser objeto de tramitación urgente:

a) Los expedientes correspondientes a los contratos cuya celebración responda a una necesidad inaplazable o cuya adjudicación sea preciso acelerar por razones de interés público. A tales efectos el expediente deberá contener la declaración de urgencia hecha por el órgano de contratación, debidamente motivada.

b) Los expedientes en los que la Administración tenga que actuar de manera inmediata a causa de acontecimientos catastr6ficos, de situaciones que supongan grave peligro o de necesidades que afectan a la defensa nacional.

c) Los expedientes de obras sujetos a regulación armonizada.

d) Ninguna de las opciones es correcta.

Según el artículo 29 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, los contratos menores:

a) Podrán tener una duración superior a seis meses y podrán prever una prórroga.

b) No podrán tener una duración superior a un año y no podrán ser objeto de prórroga.

c) Podrán tener una duración superior a un año y podrán prever una prórroga.

d) No podrán tener una duración superior a dos años y no podrán ser objeto de prórroga.

Según el artículo 36 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, los contratos que celebren los poderes adjudicadores, se perfeccionan:

a) Con su adjudicación definitiva.

b) Con su formalización.

c) Con su publicación en el Perfil del Contratante.

d) Con el contrato subvencionado.

Según el artículo 36 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, los contratos basados en acuerdos marcos, se perfeccionan:

a) Con su adjudicación definitiva.

b) Con su formalización.

c) Con su publicación en el Perfil del Contratante.

d) Con el contrato subvencionado.

La revisión de los precios en los contratos de las Administraciones Públicas de acuerdo al artículo 103 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público

a) No cabe en los contratos administrativos, sólo en los contratos privados.

b) Salvo en los contratos de suministro de energía, cuando proceda, la revisión periódica y predeterminada de precios en los contratos del sector público tendrá lugar cuando el contrato se hubiese ejecutado, al menos, en el 20 por ciento de su importe y hubiesen transcurrido un año desde su formalización.

c) Procederá cuando se hubiese ejecutado el contrato menos del 20 por ciento de su importe y hubiese transcurrido 1 año desde su adjudicación.

d) Procederá cuando se hubiese ejecutado el contrato menos del 20 por ciento de su importe y hubiese transcurrido 2 años desde su adjudicación.

Según el artículo 131 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, la adjudicación por una Administración Pública de un contrato se realizará ordinariamente, utilizando:

a) El procedimiento abierto, el procedimiento restringido y el procedimiento negociado.

b) El procedimiento abierto o el procedimiento restringido.

c) El procedimiento abierto, el procedimiento restringido, el procedimiento negociado y el diálogo.

d) El procedimiento abierto o el procedimiento negociado.

¿Quién resuelve los recursos especiales previstos en el artículo 45 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público?:

a) Tribunal Central de Recursos Especiales.

b) Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales.

c) Tribunal Administrativo Tributario.

d) Tribunal Económico – Administrativo Central.

Según el artículo 106 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, la garantía que se constituye para asegurar el mantenimiento de las ofertas de los licitadores hasta la perfección del contrato por el adjudicatario:

a) Es la garantía definitiva.

b) Es la garantía preparatoria.

c) Es la garantía provisional.

d) Es la garantía inicial.

Según el artículo 26 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, tendrán la consideración de contratos privados:

a) Todos los que sean celebrados por entes que no reúnan la condición de Administraciones Públicas.

b) Los contratos de servicios celebrados por las Administraciones Públicas que tengan por objeto los servicios financieros.

c) Los contratos de servicios celebrados por las Administraciones Públicas que tengan por objeto la creación e interpretación artística y literaria o espectáculos, suscripción a revistas, publicaciones periódicas y bases de datos.

d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

Según el artículo 1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, ¿cuál de los siguientes no es un principio de la contratación pública?:

a) Publicidad y transparencia.

b) Salvaguarda de la libre competencia.

c) Selección de la oferta económicamente más ventajosa.

d) Restricción en el acceso a las licitaciones.

No podrán contratar con las entidades previstas en el artículo 3 de la Ley de contratos del Sector Público, las personas en quienes concurra alguna de las siguientes circunstancias:

a) Haber solicitado la declaración de concurso voluntario.

b) No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o de Seguridad Social.

c) Haber sido condenadas mediante sentencia firme por delitos relativos a la ordenación del territorio y el urbanismo.

d) Todas las respuestas son correctas.

Según el artículo 116 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, ¿en qué tipos de contratos será necesaria la existencia de un informe de insuficiencia de medios?:

a) Suministro.

b) Obras.

c) Servicios.

d) Todas las respuestas son correctas.

Según el artículo 118 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, se consideran contratos menores:

a) Los contratos de valor estimado inferior a 40.000 euros, cuando se trate de contratos de obras, o a 15.000 euros, cuando se trate de contratos de suministro o de servicios.

b) Todos los contratos de valor estimado inferior a 40.000 euros.

c) Todos los contratos de valor estimado superior a 15.000 euros.

d) Ninguna de las respuestas es la correcta.

Según el artículo 151 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, la resolución de adjudicación de un contrato:

a) Deberá ser motivada.

b) Deberá ser publicada en el perfil de contratante en el plazo de 10 días.

c) Se publicará para el conocimiento de los candidatos y licitadores.

d) Todas las respuestas son correctas.

Según el artículo 151 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, la decisión de no celebrar el contrato:

a) Podrá acordarse por el órgano de contratación antes de la formalización.

b) Podrá acordarse por el órgano de contratación antes de la adjudicación.

c) Podrá acordarse por el órgano de contratación antes del depósito de la garantía definitiva.

d) Podrá acordarse por el órgano de contratación en cualquier momento.

Según el artículo 261 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, el órgano de contratación ostenta las siguientes prerrogativas:

a) Suspender la ejecución del contrato.

b) Modificar el contrato por razones de interés público.

c) Interpretar los contratos administrativos.

d) Todas las respuestas son correctas.

Según el artículo 326 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, en ningún caso podrá formar parte de las Mesas de contratación:

a) Personal electo.

b) Personal eventual.

c) Personal laboral.

d) Todas las respuestas son correctas.